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Translation Feminist Review 73 2003, anti-trafficking
legislation: protection or deportation LEGISLACIÓN CONTRA EL TRÁFICO
DE MUJERES: ¿PROTECCIÓN O DEPORTACIÓN? En noviembre de 2002, bajo el pretexto de proteger a las mujeres de la
violencia y la explotación, el gobierno británico introdujo una nueva
legislación contra el tráfico de mujeres en el marco de la Ley de
Nacionalidad, Inmigración y Asilo. Sin embargo, la experiencia demuestra que
las leyes e iniciativas contra el tráfico de mujeres son utilizados en la
mayoría de los casos para deportar a las mujeres. Las/os feministas han
iniciado o apoyado estos movimientos, negándose a admitir el efecto que
producen en las mujeres a las que teóricamente debían proteger. Esto queda claramente ilustrado con las redadas policiales y de
inmigración en más de 50 pisos en el barrio londinense de Soho el año pasado.
Unas 60 solicitantes de asilo y trabajadoras sexuales inmigrantes fueron
arrestadas, exhibidas en los medios de comunicación y detenidas. Algunas
fueron deportadas a pesar de tener solicitudes de asilo pendientes. Muchas de
estas mujeres habían venido al Reino Unido huyendo de la guerra u otras
persecuciones. Algunas eran víctimas de violaciones, otras madres que habían
sido separadas brutalmente de sus hijos. Legal Action for Women[1][1] coordinó el apoyo legal, visitando a las mujeres
detenidas y proporcionando abogados.
El Colectivo Inglés de Prostitutas organizó un piquete de emergencia en el
Ministerio del Interior para alertar al público y obtuvo una amplia cobertura
de los medios de comunicación. Como resultado, grupos de mujeres, abogados
prominentes, miembros del parlamento y de la iglesia condenaron públicamente
las redadas y cuestionaron su legalidad, evitándose un número de
deportaciones. Bajo escrutinio, la policía cambió su versión de los hechos. El
comunicado de prensa emitido al producirse las redadas declaraba que estaban
“protegiendo a los menores”. Al no aparecer ningún menor, alegaron que
estaban “liberando a las víctimas del tráfico de mujeres”. Como no había
chulos ni traficantes detenidos, declararon que las redadas eran parte de una
amplia iniciativa de “apoyo a los residentes de Westminster”, ¡ignorando que
la mayoría de los residentes locales, incluida la Soho Society habían
condenado públicamente las redadas! De no ser por nuestra intervención, las
mentiras policiales de la “liberación de las víctimas del tráfico de mujeres”
habrían sido recogidas en la prensa como la verdad oficial. Las redadas fueron planeadas durante meses. Las mujeres nos han contado cómo la policía las visitaba con regularidad, aparentemente para asegurarse de su bienestar, y les preguntaba por su nacionalidad. Todas las mujeres trabajaban por su cuenta; muchas tenían niños pequeños que mantener y algunas mandaban dinero a sus familias en sus países de origen. Algunas se habían visto forzadas a prostituirse al no poder mantener a sus hijos mediante el odioso sistema de cupones. No
obstante, ninguna de las académicas feministas ni otras personas que escriben
sobre el tráfico de mujeres condenó las redadas. En lugar de ello, informes
tales como “Stopping Traffic:
Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual
exploitation in the UK”[2][2] han constituido la base para esta
legislación y otras medidas. El informe recita cifras policiales sobre el
número de “víctimas del tráfico de mujeres” que no distinguen entre mujeres
forzadas a prostituirse y mujeres inmigrantes que trabajan para sí mismas.
Como resultado, cualquier mujer inmigrante puede ser clasificada como víctima
del tráfico de mujeres y deportada. La policía exagera escandalosamente el
alcance del tráfico de mujeres para justificar el aumento de sus poderes y
capacidades. En junio de 2001 alegó que “la mafia albanesa controla cerca del
70% de las salas de masaje en Soho”[3][3], a pesar de
que las declaraciones de las mujeres que trabajan en la zona apuntan a la
falsedad de este dato.
El
nuevo delito de tráfico de mujeres aparece en la legislación junto con
algunas de las medidas más represivas sobre inmigración hasta la fecha: la
detención de todos los solicitantes de asilo, incluidos las mujeres y niños
que huyen de violaciones u otro tipo de violencia; la segregación de niños
solicitantes de asilo de las escuelas comunes; la desaparición del derecho de
apelación de los solicitantes de asilo y una cláusula que confiere al
Ministro del Interior poderes sin precedentes para alterar la legislación sin
la aprobación del parlamento. En el contexto de un ataque de estas
proporciones al derecho de las personas de escapar a torturas y
persecuciones, resulta chocante que ciertas organizaciones contra el tráfico
de mujeres estén abogando por una “repatriación y reintegración apropiadas y seguras para
las personas afectadas”[4][4]. El añadido
“apropiados y seguros” no impedirá que esta legislación sea usada para
repatriar a mujeres en contra de su voluntad. Las recomendaciones del informe “Stopping Traffic” son aún más represoras. Se recomienda que “Todas las fuerzas realicen un simple ejercicio de inteligencia para recoger información sobre la prostitución fuera de las calles, y descubrir si hay indicios de mujeres extranjeras involucradas.” Sin embargo las redadas de Soho mostraron que esta monitorización se está realizando para reunir pruebas para la deportación. En el año 2000, las pruebas policiales recogidas de este modo fueron utilizadas para desahuciar a mujeres de los pisos en los que vivían y trabajaban. El informe también habla de “la necesidad de encontrar formas de proceder en casos legales que no
dependen del testimonio de testigos vulnerables o intimidados”. Una
legislación que no requiera el testimonio de la víctima, permitirá a la
policía decidir quién es una víctima, un chulo o un traficante y así eliminar
convenientemente cualquier objeción. Se juzgará a las personas únicamente en
base a evidencias policiales, lo que da luz verde a la corrupción policial y
sienta un precedente muy peligroso. Estas propuestas deben ser rechazadas
públicamente y debe evitarse que ganen credibilidad y sean adoptadas por los
gobiernos. Las propuestas para permitir la estancia de las mujeres
mientras se procesa a sus agresores son inadecuadas. Las mujeres no prestarán
declaración sabiendo que serán deportadas al terminar el caso. Si la
seguridad y el bienestar de las mujeres fueran verdaderamente prioritarios,
¿por qué una mujer que huye de una situación de amenazas, violencia y/o
violación y que teme represalias no tiene derecho a permanecer en el Reino
Unido? La situación de dos jóvenes moldavas que acudieron a nosotras en busca de
ayuda pone de manifiesto no sólo el por qué de la emigración de muchas
mujeres, como única forma de sobrevivir a la pobreza y devastación derivadas
de la guerra, el comercio de armas y la globalización, sino también por qué
las mujeres víctimas de la violencia y la explotación no pueden conseguir que
los responsables sean procesados. “En Moldavia,
mi madre gana 5 libras esterlinas para mantener a los cinco miembros de la
familia. No tenemos agua corriente ni energía. Tenemos que recoger leña y
sacar agua de un pozo. Mi hermana y yo vinimos al Reino Unido, pensando que
trabajaríamos en un restaurante. Después de una semana, los hombres dijeron
que debíamos ganarnos el sustento acostándonos con otros hombres. Nos pegaron
y nos dijeron que nunca volveríamos a vernos la una a la otra si intentábamos
escapar. Unas personas nos ayudaron a escapar pero dejamos todo lo que
teníamos. El Colectivo Inglés de Prostitutas nos ayudó a encontrar vivienda
con unas religiosas. No podemos acudir a la policía porque sabemos que nos
deportarán. Ahora trabajamos en un club y nuestra familia depende del dinero
que les enviamos.” Estas mujeres necesitan lo mismo que todas las victimas
de la violencia; la protección policial y de los juzgados, una vivienda,
asistencia sanitaria, asistencia económica y el procesamiento de sus
agresores. Y mientras se criminalice a las trabajadoras sexuales, será aún
más difícil para las mujeres denunciar los malos tratos. El “tráfico de mujeres” no es prostitución, sino
trabajo forzado en la industria doméstica, sexual, o cualquier otra. Los
delitos ya existentes de secuestro, violación, acoso sexual, reclusión
ilegal, daños corporales graves, extorsión, etc., pueden utilizarse para
procesar a los agresores de mujeres y niños, sea cual sea el trabajo al que
se les fuerza. Los traficantes se libran de ser procesados, no por falta de
leyes aplicables sino, como en el caso de la violencia doméstica y la violación,
porque la protección de las mujeres no es prioritaria. En lugar de dirigirse a la violencia de que son objeto
las prostitutas, la campaña contra el tráfico de mujeres se basa a menudo en
una oposición salaz a la explotación sexual, en detrimento de otras formas de
explotación[6][6]. Como resultado, se procesa y deporta a las mujeres
que trabajan de forma autónoma como alternativa a la explotación en burdeles,
o a la explotación en el hogar, en el campo, y en fábricas y talleres en
condiciones de trabajo injustas. No se condena del mismo modo a los grandes
empresarios y profesionales que amasan fortunas a expensas de otros. La legislación contra el tráfico de
mujeres es una parte de la legislación contra la inmigración que representa
un enorme asalto a nuestros derechos, y es utilizada primordialmente para
evitar la entrada de mujeres procedentes de los países más pobres y deportar
mujeres y niños inmigrantes, a menudo a lugares donde sus vidas corren
peligro y donde padecen duras
penalidades. Las redadas de Soho, dirigidas a sentar la base para más
legislaciones de este tipo, han proporcionado más evidencia en su contra. Abhijit Dasgupta, de Ayuda en
Acción en la India corrobora: “Debemos luchar todos juntos para asegurarnos
de que todo este discurso contra el tráfico de mujeres no sea utilizado para
restringir el movimiento de las mujeres”. English Collective of Prostitutes/Colectivo Inglés de Prostitutas [7][1] Servicio legal situado en el Centro Crossroads para la Mujer. [8][2] “Stopping Traffic: Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the UK”, Liz Kelly, Linda Regan. Police Research Series Paper 125, mayo 2000. [9][3] The Economist, 23 de junio de 2001 [10][4] Sitio web de la Coalición para la Abolición de la Esclavitud y el Tráfico de Mujeres. [11][5] Informe del Ministerio del Interior: “Setting the Boundaries, Reforming the law on sex offences”, julio de 2000. [12][6] Debería considerarse la creación de un delito de ‘explotación sexual’, donde para probar el delito habría que demostrar que se produjo un acto sexual y que un tercero se benefició de ello en términos monetarios o en especie. “Stopping Traffic: Exploring the extent of, and responses to, trafficking in women for sexual exploitation in the UK”, Liz Kelly, Linda Regan. Police Research Series Paper 125, mayo 2000. |